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España, uno de los siete países seleccionados para participar en el programa piloto de la Garantía Infantil, organizado por la Comisión Europea y UNICEF
La Comisión Europea y UNICEF han anunciado el lanzamiento de la tercera fase de la acción preparatoria para la adopción de la Garantía Infantil (‘Child Guarantee’), que pretende garantizar el acceso a servicios básicos en condiciones de igualad para combatir la pobreza infantil y sus consecuencias. España es uno de los países seleccionados para participar en esta experiencia piloto, en la que también participaran otros seis Estados miembros: Bulgaria, Croacia, Alemania, Grecia, Italia y Lituania. El Alto Comisionado contra la Pobreza Infantil coordinará junto con la Vicepresidencia de Derechos Sociales y Agenda 2030 y UNICEF España su puesta en marcha en nuestro país.
Esta acción preparatoria, que servirá de base para una Recomendación del Consejo de la Unión Europea prevista para el primer trimestre de 2021, tiene como objetivo principal el desarrollo de planes de acción nacionales para la implementación futura de la Garantía Infantil, que servirá como marco regulatorio para los Estados miembros de cara a abordar la pobreza infantil y la exclusión social.
Este programa piloto ayudará también a fortalecer las capacidades de los Estados miembros para recopilar, analizar y presentar datos sobre indicadores relacionados con la pobreza y la exclusión social de la infancia de forma periódica.
Alrededor de uno de cada cuatro niños y niñas se encuentra en riesgo de pobreza y exclusión social en Europa, siendo España el tercer país de UE en tasa de pobreza infantil (solo por detrás de Rumanía y Bulgaria).
El comisario europeo de Empleo y Derechos Sociales, Nicolas Schmit, ha destacado que “la infancia debe estar en el centro de los planes de recuperación socioeconómicos de los Estados miembros”, y se ha referido a la Garantía Infantil como “una de las iniciativas más importantes en las que está trabajando la Comisión Europea”.
La Garantía Infantil desencadenará acciones e inversiones por parte de los Estados miembros para cerrar la brecha de desigualdad que afecta a la infancia, agravada por las consecuencias de la crisis del COVID-19.
