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El Gobierno pone en marcha un escudo social para proteger a las familias más vulnerables de las consecuencias del Covid-19
Tras el Consejo de Ministros de este martes, el Gobierno ha aprobado una serie de medidas que amplían el Plan de Choque anunciado la semana pasada para combatir las consecuencias sociales y económicas del coronavirus. El objetivo de estas acciones es crear un escudo social frente al impacto de las medidas tomadas para evitar el contagio de este virus, de forma que nadie se quede atrás, especialmente las familias más vulnerables. Estas medidas se recogen en el Real Decreto-ley 8/2020, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19.
Este escudo social se construirá con la movilización de hasta 200.000 millones de euros, el mayor despliegue de recursos económicos y sociales de la historia de España. Estos recursos se volcarán en cuatro frentes: familias vulnerables, trabajadores, empresas e investigación social.
ESCUDO SOCIAL PARA LAS FAMILIAS
En materia de protección a las personas más vulnerables, incluyendo atención a la pobreza infantil, el Gobierno movilizará 300 millones de euros para las prestaciones básicas de servicios sociales tanto autonómicos como locales. Este suplemento de crédito será transferido de forma condicionada a las Comunidades Autónomas para, en materia de pobreza infantil, garantizar ingresos suficientes a las familias, reforzar los ‘servicios de respiro’ a personas cuidadoras y poner en marcha medidas de conciliación -especialmente para familias monomarentales y monoparentales-, así como otras medidas que Comunidades Autónomas y entidades locales consideren necesarias. Asimismo, se permitirá a los ayuntamientos invertir el superávit presupuestario de 2019 en servicios sociales y promoción social.
El Gobierno lleva a cabo así un esfuerzo presupuestario importante destinado a la protección los más vulnerables. Las familias con niños son las más expuestas a las consecuencias de esta crisis por las dificultades de la conciliación y la necesidad de asumir más gasto, en particular, aquellas que tienen menores ingresos y las familias monomarentales. Aparejado a estas medidas y con el fin de darles protección, el Gobierno dotó el pasado jueves de 25 millones de euros a las Comunidades Autónomas para la flexibilización de las becas comedor, de forma que se garantice que todos los niños y niñas tienen acceso a una alimentación adecuada.
Se garantizará también el acceso a los servicios públicos de energía y agua a los consumidores vulnerables y se prorrogará la vigencia del bono social eléctrico hasta el 15 de septiembre de 2020 en caso de que venza antes de esa fecha. Estas medidas son de gran importancia para la protección de muchas familias que ya se encontraban en situación de vulnerabilidad o que la han adquirido debido a la pérdida de ingresos por la crisis del Covid-19. Esta medida está en sintonía con los objetivos de la Estrategia Nacional de Lucha contra la Pobreza Energética, en la que el Alto Comisionado trabajó para que incluyera la cobertura a todas las familias monomarentales y a las familias con hijos más vulnerables.
Se garantiza también el acceso a servicios de telecomunicaciones para asegurar que en estos momentos de confinamiento ninguna familia esté sola y puedan proveer de recursos educativos a sus hijos. Internet se ha convertido en un servicio básico, tanto para adultos como para menores, un servicio que el Gobierno garantizará con la misma rotundidad con la que se garantiza el acceso a energía y agua.
En materia de vivienda se establecerá una moratoria en el pago de las hipotecas de las familias en situación de vulnerabilidad, en caso de desempleo o de reducción de los ingresos. Con esta medida se asegura que la disminución de ingresos o la sobrecarga de costes de la vivienda derivados de esta situación extraordinaria no afecte a las familias vulnerables y puedan hacer frente a este gasto una vez se hayan recuperado de las consecuencias del Covid-19, garantizando así el derecho a la vivienda.
ESCUDO SOCIAL PARA EL EMPLEO
En materia de trabajo, se aprueba que los trabajadores asalariados puedan reducir hasta un 100% sus jornadas para conciliar y cuidar, así como adaptar la jornada laboral a estos deberes de cuidado. Además, el teletrabajo continuará siendo la medida de flexibilidad principal. El objetivo es facilitar la conciliación de aquellas familias que no tienen alternativa para que puedan atender de forma correcta a los más pequeños en esta situación de excepcionalidad en la que los menores no acuden a centros educativos.
En cuanto a los ERTE (expedientes de regulación temporal de empleo), el Gobierno ha flexibilizado las condiciones para acceder a la prestación contributiva por desempleo de todos los trabajadores que los sufran, aunque no cumplan con la cotización mínima. Además, esta prestación no computará a efectos de un cobro posterior. Se protegen de esta forma los ingresos de las familias más vulnerables, que lo son precisamente por su situación de precariedad laboral y están más expuestas a estos despidos. Además, en muchos casos debido a sus carreras laborales fragmentadas, es más complicado que hayan conseguido acumular el mínimo necesario para recibir esta prestación. De esta forma, se garantiza que continúen ingresando, amortiguando así los efectos del despido y asegurando el mantenimiento de unas condiciones de vida razonables.
