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El alto comisionado remite una carta a la Fiscalía General con motivo de la separación de niños y niñas migrantes de sus familias en Las Palmas

Pie de niño pequeñp

El alto comisionado, Ernesto Gasco, ha remitido la carta que se añade a continuación a la Fiscalía General con el fin de trasladar su preocupación por la situación que las familias migrantes con hijos viven en Las Plamas, donde se separa a los niños y niñas de sus familiares a la espera de la demostración del vínculo filial. Garantizar el interés superior del niño y la niña es una obligación de todas las administraciones públicas.

Excelentísima Fiscal General del Estado, Dña. Dolores Delgado García:

Soy Ernesto Gasco, alto comisionado para la Lucha contra la Pobreza Infantil. Como sabrá, entre mis funciones se encuentra el análisis del estado de la protección a la infancia según la Convención de los Derechos del Niño firmada y aceptada por España hace tres décadas. La Convención es un tratado internacional que reconoce los derechos humanos de los niños y niñas y que obliga a los gobiernos a cumplirlos.

Con esta carta, y en base a lo que establece la Convención, en particular en su artículo 9, deseo trasladar mi preocupación acerca de la decisión de la Fiscalía de Las Palmas de separar a los niños y niñas de sus progenitores, a la espera de la resolución judicial que demuestre el vínculo filial o familiar. Una resolución que además se demora considerablemente como ha denunciado en repetidas ocasiones el Defensor del Pueblo. Le solicito que considere iniciar, de manera urgente, alguna acción en relación a esta medida.

A pesar de entender los esfuerzos de la Fiscalía de Las Palmas para perseguir la trata y los aspectos delictivos relacionados con el tráfico de personas, considero que la decisión de separar a los niños y niñas de sus progenitores o familiares no es la más acertada, ya que atenta contra el interés superior del niño y la niña y sus derechos subjetivos.

Bajo mi punto de vista el posible riesgo que pueda sufrir el niño o la niña, que la evidencia disponible muestra que se da en una minoría de casos, no justifica esta medida de precaución tan extrema. La solución tomada causa más agravio, que el problema que pretende combatir.

Por todos estos motivos pido a la Fiscalía General del Estado que ofrezca una alternativa a estas familias para que pueden permanecer unidas en instalaciones, con equipos que puedan detectar situaciones de riesgo de trata, mientras esperan la resolución judicial. Solo así se puede cumplir con el compromiso de España con la protección del interés superior del niño y la niña.

Es urgente tomar una decisión en este sentido. El daño ocasionado puede ser irreparable para estos niños y niñas. Quedo a su disposición para profundizar en esta cuestión si lo considera oportuno.

Atentamente,

Ernesto Gasco